{"id":2990,"date":"2026-09-16T18:17:58","date_gmt":"2026-09-16T18:17:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.estudiotrevisan.com\/sitio\/?p=2990"},"modified":"2026-09-16T22:45:13","modified_gmt":"2026-09-16T22:45:13","slug":"__trashed","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.estudiotrevisan.com\/sitio\/uncategorized\/__trashed\/","title":{"rendered":"Las Normas de Procedimiento Interno como Condici\u00f3n de Funcionamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia"},"content":{"rendered":"\n

Sumario: <\/strong>I. Introducci\u00f3n: de la deuda institucional a la deuda procedimental.\u2014 II. El fundamento: debido proceso, previsibilidad y legitimidad. II.1. El debido proceso como l\u00edmite al poder estatal. II.2. El est\u00e1ndar internacional: reglas conocidas de antemano. II.3. La dimensi\u00f3n olvidada: la econom\u00eda interna del \u00f3rgano colegiado.\u2014 III. El caso argentino: una laguna estructural. III.1. El art\u00edculo 79 de la LDC y la exclusi\u00f3n de la ley 19.549. III.2. Las delegaciones expresas: un mandato, no una facultad discrecional. III.3. El caso del programa de clemencia: un reglamento con fecha de vencimiento.\u2014 IV. Contenido m\u00ednimo de las normas de procedimiento interno.\u2014 V. El costo de no hacerlo.\u2014 VI. Un m\u00e9todo: elaboraci\u00f3n participativa.\u2014 VII. Conclusiones.<\/p>\n\n\n\n

I. Introducci\u00f3n: de la deuda institucional a la deuda procedimental<\/h3>\n\n\n\n

Durante veintis\u00e9is a\u00f1os, el debate argentino sobre defensa de la competencia estuvo dominado por una \u00fanica pregunta: cu\u00e1ndo se constituir\u00eda la autoridad independiente que el legislador hab\u00eda dise\u00f1ado. La ley 25.156 cre\u00f3 en 1999 el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y nunca se lo puso en funcionamiento; la ley 26.993 lo suprimi\u00f3 en 2014 sin haberlo visto operar; la ley 27.442 cre\u00f3 en 2018 la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) y transcurrieron siete a\u00f1os hasta su constituci\u00f3n efectiva. Las C\u00e1maras de Apelaci\u00f3n calificaron aquella omisi\u00f3n \u2014con raz\u00f3n\u2014 de esc\u00e1ndalo jur\u00eddico.[1]<\/a><\/p>\n\n\n\n

Esa etapa termin\u00f3. Por el decreto 803\/2025 el Poder Ejecutivo modific\u00f3 el art\u00edculo 18 del Anexo del decreto 480\/2018 para dotar de operatividad inmediata a la ANC una vez constituida; por el decreto 810\/2025 design\u00f3 en comisi\u00f3n a sus miembros, con lo cual la Autoridad qued\u00f3 legalmente constituida y la CNDC dej\u00f3 de existir luego de cuarenta y cinco a\u00f1os; y por el decreto 284\/2026, previo acuerdo del Honorable Senado de la Naci\u00f3n, se formalizaron las designaciones definitivas. El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) comenz\u00f3 a ejercer sus competencias, actualiz\u00f3 el valor de la unidad m\u00f3vil para 2026 y resolvi\u00f3 su primer caso de envergadura al subordinar a condicionamientos estructurales y conductuales la adquisici\u00f3n de Telef\u00f3nica Argentina por Telecom, sobre la base del dictamen instructorio de la Secretar\u00eda de Concentraciones Econ\u00f3micas.<\/p>\n\n\n\n

La deuda institucional, entonces, est\u00e1 saldada. Pero su cancelaci\u00f3n no cierra el problema: lo desplaza. Como sostuvimos en trabajos anteriores, la mera existencia de un buen r\u00e9gimen legal antitrust no garantiza la aplicaci\u00f3n efectiva de la pol\u00edtica de competencia.[2]<\/a> La ley ser\u00e1 tan buena como lo sean su aplicaci\u00f3n, su ejecuci\u00f3n y el cumplimiento de su esp\u00edritu en la pr\u00e1ctica. Y esa pr\u00e1ctica no se improvisa: se ordena mediante reglas de procedimiento conocidas, estables y publicadas.<\/p>\n\n\n\n

Esa es hoy la deuda pendiente. La ANC dispone de un dise\u00f1o institucional s\u00f3lido \u2014separaci\u00f3n entre instrucci\u00f3n y decisi\u00f3n, autarqu\u00eda, mandatos escalonados, revisi\u00f3n ante una sala judicial especializada\u2014 pero opera, en lo procedimental, sobre un andamiaje incompleto. La urgencia es doble. Primero, porque cada expediente que tramita sin reglas expl\u00edcitas consolida pr\u00e1cticas por v\u00eda de hecho, y las pr\u00e1cticas consolidadas son m\u00e1s dif\u00edciles de corregir que las normas escritas. Segundo, porque el art\u00edculo 84 de la LDC dispone que el r\u00e9gimen de control previo de concentraciones entra en vigencia transcurrido un a\u00f1o desde la puesta en funcionamiento de la Autoridad: en noviembre de 2026 la Argentina pasar\u00e1, por primera vez en su historia, a un sistema de notificaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n previa, en el que las partes no podr\u00e1n perfeccionar la operaci\u00f3n hasta que el Tribunal resuelva. Un r\u00e9gimen suspensivo sin reglas procesales publicadas es una fuente de incertidumbre para los administrados y de riesgo de nulidad para la autoridad.<\/p>\n\n\n\n

Este trabajo sostiene una tesis simple: en el dise\u00f1o de la ley 27.442, las normas internas de procedimiento no son un instrumento de gesti\u00f3n ni una comodidad administrativa, sino un elemento constitutivo del sistema, sin el cual el procedimiento carece de la norma que lo cierra. Examinaremos primero el fundamento constitucional y comparado de esa afirmaci\u00f3n; luego la particular laguna que genera el art\u00edculo 79 de la LDC; despu\u00e9s el caso del programa de clemencia, que ilustra el problema con una nitidez dif\u00edcil de mejorar; a continuaci\u00f3n el contenido m\u00ednimo que ese cuerpo normativo deber\u00eda tener; y finalmente el m\u00e9todo por el cual conviene dictarlo.<\/p>\n\n\n\n

Anticipamos ese caso testigo, porque ordena todo el argumento. La \u00fanica reglamentaci\u00f3n procedimental de fondo dictada bajo la vigencia de la ley 27.442 \u2014el Reglamento para la Ejecuci\u00f3n del Programa de Clemencia, aprobado por la Resoluci\u00f3n 98\/2024 de la Secretar\u00eda de Industria y Comercio\u2014 fue expresamente aprobada, seg\u00fan el propio texto de su art\u00edculo 1\u00ba, hasta la puesta en funcionamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia<\/em>. Ese momento lleg\u00f3 el 17 de noviembre de 2025. La consecuencia es tan simple como inc\u00f3moda: en el preciso instante en que la Argentina obtuvo por fin la autoridad de competencia que hab\u00eda perseguido durante veintis\u00e9is a\u00f1os, perdi\u00f3 el \u00fanico reglamento de procedimiento que hab\u00eda logrado producir en materia de carteles.<\/p>\n\n\n\n

II. El fundamento: debido proceso, previsibilidad y legitimidad<\/h3>\n\n\n\n

II.1. El debido proceso como l\u00edmite al poder estatal<\/h4>\n\n\n\n

El derecho al debido proceso es una de las garant\u00edas fundamentales sobre las que se construye todo el sistema de protecci\u00f3n de los derechos, y a trav\u00e9s de la cual se enmarcan los l\u00edmites del poder del Estado frente a las personas. Rige respecto de todos los \u00f3rganos estatales, tanto en el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales como administrativas o legislativas.<\/p>\n\n\n\n

En nuestro ordenamiento, su soporte constitucional se encuentra en el art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n Nacional \u2014de directa raigambre en la Quinta Enmienda estadounidense\u2014 y, en cuanto a la razonabilidad de las leyes, en el art\u00edculo 28. Tras la reforma de 1994, el art\u00edculo 75, inciso 22, incorpor\u00f3 con jerarqu\u00eda constitucional un conjunto de tratados de derechos humanos, entre ellos la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, cuyo art\u00edculo 8\u00ba enuncia el derecho a ser o\u00eddo por un tribunal competente, independiente e imparcial, dentro de un plazo razonable, tanto en materia penal como para la determinaci\u00f3n de derechos y obligaciones de cualquier otro car\u00e1cter. La Corte Suprema ha sostenido que la jurisprudencia de la Corte Interamericana debe servir de gu\u00eda para la interpretaci\u00f3n de los preceptos convencionales.[3]<\/a><\/p>\n\n\n\n

Para que un proceso satisfaga la garant\u00eda del debido proceso es necesario que cumpla el requisito ineludible de otorgar a los individuos la oportunidad suficiente para participar con utilidad y suficiencia en dicho proceso. Las garant\u00edas del proceso pueden violarse cuando el legislador instituye una forma de procedimiento irrazonable, pero tambi\u00e9n \u2014y esto es lo que aqu\u00ed interesa\u2014 cuando se priva de los elementos b\u00e1sicos para que un procedimiento pueda cumplir adecuadamente sus fines. La ausencia de reglas procedimentales conocidas es, precisamente, una privaci\u00f3n de esa clase.<\/p>\n\n\n\n

Corresponde recordar, adem\u00e1s, que la Corte Suprema admiti\u00f3 la actuaci\u00f3n de \u00f3rganos administrativos con competencias jurisdiccionales s\u00f3lo tras establecer con particular \u00e9nfasis que la validez de los procedimientos de dichos \u00f3rganos quedaba sujeta a que las leyes pertinentes dejaran expedita una instancia judicial posterior, evitando as\u00ed la objeci\u00f3n derivada del art\u00edculo 109 de la Constituci\u00f3n Nacional.[4]<\/a> El TDC ejerce funciones materialmente jurisdiccionales: admite y deniega prueba, declara concluido el per\u00edodo probatorio, impone sanciones de magnitud considerable y resuelve sobre derechos patrimoniales de entidad. Un \u00f3rgano que ejerce ese tipo de potestades debe poder explicar, antes de ejercerlas, con arreglo a qu\u00e9 reglas lo hace.<\/p>\n\n\n\n

II.2. El est\u00e1ndar internacional: reglas conocidas de antemano<\/h4>\n\n\n\n

La comunidad internacional de competencia arrib\u00f3 hace tiempo a un consenso sobre este punto, y lo hizo con notable uniformidad entre organizaciones de naturaleza y composici\u00f3n muy distintas.<\/p>\n\n\n\n

La Red Internacional de Competencia (ICN), en su Guidance on Investigative Process<\/em>, se\u00f1al\u00f3 que la consistencia de los procesos y procedimientos dentro de una agencia contribuye a un enforcement eficiente, preciso y previsible, y vincul\u00f3 la credibilidad de la agencia \u2014y, m\u00e1s ampliamente, la de la misi\u00f3n misma del enforcement de competencia\u2014 a la integridad de su proceso de investigaci\u00f3n y a la comprensi\u00f3n p\u00fablica de ese proceso. La misma organizaci\u00f3n adopt\u00f3 luego los Guiding Principles for Procedural Fairness in Competition Agency Enforcement<\/em> y, posteriormente, el Framework for Competition Agency Procedures<\/em>, cuyo mecanismo de revisi\u00f3n entre pares presupone, como condici\u00f3n operativa, que cada agencia tenga reglas identificables y p\u00fablicas que someter a examen.<\/p>\n\n\n\n

La OCDE trabaj\u00f3 la cuesti\u00f3n desde su mesa redonda sobre transparencia y equidad procesal y culmin\u00f3 ese recorrido con una recomendaci\u00f3n espec\u00edfica sobre transparencia y equidad procesal en la aplicaci\u00f3n del derecho de la competencia, que exhorta a los adherentes a asegurar que las reglas y pol\u00edticas aplicables a los procedimientos sean p\u00fablicas y accesibles. La Comisi\u00f3n de Competencia de la C\u00e1mara de Comercio Internacional avanz\u00f3 en igual direcci\u00f3n con sus recomendaciones sobre salvaguardas procesales efectivas.<\/p>\n\n\n\n

La formulaci\u00f3n m\u00e1s directa, sin embargo, pertenece al International Task Force<\/em> de la Secci\u00f3n de Derecho Antitrust de la American Bar Association. Al identificar las mejores pr\u00e1cticas aplicables a todas<\/em> las fases del procedimiento antitrust \u2014no a alguna en particular\u2014, el informe retiene solamente tres, y la segunda establece que las reglas y pr\u00e1cticas que gobiernan los procedimientos deben divulgarse con claridad y estar p\u00fablicamente accesibles con anterioridad al procedimiento. Las otras dos son la idoneidad t\u00e9cnica de los funcionarios intervinientes en todas las etapas y la existencia de un sistema efectivo para prevenir dilaciones innecesarias.[5]<\/a><\/p>\n\n\n\n

Vale detenerse en la econom\u00eda de esa lista. De todo el universo de garant\u00edas procesales imaginables, el ITF seleccion\u00f3 tres como transversales, y una de ellas es la publicidad anticipada de las reglas. La raz\u00f3n es que se trata de una condici\u00f3n de segundo orden: sin ella, las dem\u00e1s garant\u00edas no son verificables. El derecho a ofrecer prueba carece de contenido operativo si no se conoce el plazo, la forma y el est\u00e1ndar de admisi\u00f3n; el derecho a ser o\u00eddo es nominal si no se sabe en qu\u00e9 momento del expediente corresponde ser o\u00eddo; la exigencia de imparcialidad es inauditable si no consta c\u00f3mo se distribuyen internamente las funciones entre quien investiga y quien decide.<\/p>\n\n\n\n

Existe adem\u00e1s una raz\u00f3n institucional, independiente de la garant\u00eda individual. Como observamos en su momento siguiendo a Kovacic, la teor\u00eda no puede quedar suspendida en el aire: si no se apoya en la ingenier\u00eda de instituciones efectivas, no funciona en la pr\u00e1ctica.[6]<\/a> Las normas de procedimiento son, precisamente, la ingenier\u00eda. Y como advirtieron Fox y Trebilcock, no hay un modelo \u00fanico preconcebido de sistema procesalmente justo; las opciones de dise\u00f1o dependen en buena medida de la historia y la cultura jur\u00eddica de cada pa\u00eds. Pero de esa pluralidad no se sigue indiferencia: hay d\u00e9ficits comunes a ciertos dise\u00f1os institucionales, y entre las debilidades que las agencias deben evitar figuran expresamente las dilaciones excesivas, la falta de previsibilidad, la inconsistencia decisoria, la ausencia de decisiones fundadas y la falta de publicaci\u00f3n de las decisiones.[7]<\/a><\/p>\n\n\n\n

Todo esto es especialmente sensible en los modelos integrados. La ANC lo es, aunque con una integraci\u00f3n atenuada: el legislador de la ley 27.442 abord\u00f3 una de las cr\u00edticas centrales al esquema anterior al separar la instrucci\u00f3n \u2014a cargo de la Secretar\u00eda de Instrucci\u00f3n de Conductas Anticompetitivas y de la Secretar\u00eda de Concentraciones Econ\u00f3micas\u2014 de la decisi\u00f3n, reservada al Tribunal. Pero la separaci\u00f3n org\u00e1nica es una condici\u00f3n necesaria, no suficiente. Como observ\u00f3 el Juez Ginsburg, cuando los mismos funcionarios dirigen o autorizan la investigaci\u00f3n, dirigen o autorizan la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n y luego deciden si la prueba alcanza para tener por configurada la infracci\u00f3n, puede razonablemente pensarse que tienen un inter\u00e9s en el resultado: declarar insuficiente la prueba equivale a reconocer que todo el emprendimiento fue un despilfarro de recursos del que ellos son responsables.[8]<\/a> La ley separ\u00f3 los \u00f3rganos; corresponde ahora que el reglamento separe efectivamente los flujos de informaci\u00f3n, la redacci\u00f3n de las piezas y los momentos de contacto del Tribunal con el expediente. Eso no lo hace la ley: lo hace el reglamento.<\/p>\n\n\n\n

II.3. La dimensi\u00f3n olvidada: la econom\u00eda interna del \u00f3rgano colegiado<\/h4>\n\n\n\n

Existe una segunda familia de razones, distinta de la anterior y con frecuencia opacada por ella. El debate sobre normas de procedimiento suele plantearse en clave de garant\u00edas del administrado \u2014qu\u00e9 puede exigir quien es investigado\u2014, y esa es, sin duda, su dimensi\u00f3n principal. Pero hay otra, que mira hacia adentro: c\u00f3mo se organiza el trabajo de un cuerpo colegiado que debe instruir y resolver.<\/p>\n\n\n\n

El dato comparado es contundente. La existencia de un reglamento interno es pr\u00e1cticamente invariable en todo organismo colegiado, y resulta insalvable cuando ese organismo ejerce competencias jurisdiccionales o de instrucci\u00f3n. Los ejemplos dom\u00e9sticos comienzan por la propia Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n y se replican en todas las c\u00e1maras judiciales, en tribunales administrativos como el Tribunal Fiscal de la Naci\u00f3n y en entes creados por ley como el ENRE o el ENARGAS. En el derecho comparado de la competencia, el reglamento interno del CADE brasile\u00f1o, el del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia chileno y \u2014en M\u00e9xico\u2014 el Estatuto Org\u00e1nico de la Comisi\u00f3n Nacional Antimonopolio, que sucedi\u00f3 en esta materia al de la extinta COFECE, ofrecen modelos de los que hay mucho que aprovechar, precisamente por tratarse de autoridades de estructura y competencias pr\u00f3ximas a las nuestras.[9]<\/a> Un tribunal de cinco miembros que resuelve sobre sanciones de magnitud considerable y sobre operaciones de concentraci\u00f3n suspendidas es, en este aspecto, un \u00f3rgano colegiado como cualquier otro, y le caben las mismas exigencias organizativas.<\/p>\n\n\n\n

La raz\u00f3n es de orden pr\u00e1ctico antes que te\u00f3rico. Cuando un cuerpo colegiado carece de reglas escritas de distribuci\u00f3n del trabajo, cada uno de sus miembros resulta en los hechos personalmente responsable de la marcha de todas las actuaciones en tr\u00e1mite. Las tareas se multiplican innecesariamente y la responsabilidad se diluye: la experiencia centenaria de los tribunales ense\u00f1a que cuando todos pretenden ser responsables de todo, nadie lo es. Por eso existen \u2014en muchos casos desde hace igual tiempo\u2014 reglas internas claras en todo \u00f3rgano colegiado razonable. No se trata de burocracia: se trata de la condici\u00f3n para que la responsabilidad sea atribuible a alguien en particular, que es el presupuesto de cualquier rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n

A ello se agrega una consideraci\u00f3n sobre la naturaleza misma de la instrucci\u00f3n, que conviene explicitar porque suele darse por sobreentendida. Instruir es indicar los pasos y diligencias que deben recorrerse durante la tramitaci\u00f3n de las actuaciones, desde su inicio y hasta su conclusi\u00f3n. Existen diversas maneras de instruir correctamente un expediente, pero no todas aportan las mismas pruebas, y no todas las pruebas tienen el mismo valor ni generan la misma convicci\u00f3n. La forma en que se organiza internamente la instrucci\u00f3n no es, entonces, una cuesti\u00f3n de gesti\u00f3n administrativa: incide directamente sobre el material con el que el \u00f3rgano decisor habr\u00e1 de resolver, y por lo tanto sobre el resultado.<\/p>\n\n\n\n

De all\u00ed deriva un riesgo concreto y conocido por cualquiera que haya trabajado en una autoridad de competencia. Sin reglas de seguimiento, los expedientes terminan siendo instruidos \u00edntegramente por los funcionarios de l\u00ednea y llegan a los miembros que deben votar \u2014tras un enorme esfuerzo\u2014 construidos sobre premisas, informaciones y documentaci\u00f3n que pueden juzgarse insuficientes, o sencillamente desviadas del enfoque de quienes deciden. Y llegan en una instancia en la que la correcci\u00f3n es pr\u00e1cticamente irreversible, porque exige reiniciar el an\u00e1lisis. El resultado es un dispendio de los escasos recursos de la Administraci\u00f3n, que se produce sin que nadie haya actuado mal: se produce porque faltaba la regla que ordenara la intervenci\u00f3n en el momento oportuno.<\/p>\n\n\n\n

III. El caso argentino: una laguna estructural<\/h3>\n\n\n\n

Hasta aqu\u00ed, el argumento vale para cualquier autoridad de competencia. Existe, sin embargo, una raz\u00f3n adicional \u2014y a nuestro juicio decisiva\u2014 por la cual en la Argentina las normas internas de procedimiento no son un complemento deseable sino un elemento estructuralmente necesario.<\/p>\n\n\n\n

III.1. El art\u00edculo 79 de la LDC y la exclusi\u00f3n de la ley 19.549<\/h4>\n\n\n\n

El art\u00edculo 79 de la ley 27.442 dispone que ser\u00e1n de aplicaci\u00f3n supletoria, para los casos no previstos en ella, el C\u00f3digo Penal y el C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n, en cuanto sean compatibles con sus disposiciones. Y agrega, con una claridad que no admite lecturas alternativas, que no ser\u00e1n aplicables a las cuestiones regidas por esa ley las disposiciones de la ley 19.549.<\/p>\n\n\n\n

La consecuencia de esa norma merece ser explicitada, porque suele pasarse por alto. El procedimiento ante la ANC es un procedimiento administrativo sancionador que, por decisi\u00f3n legislativa expresa, queda al margen de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Es decir, al margen del cuerpo normativo que en nuestro derecho articula el debido proceso adjetivo en sede administrativa: el derecho a ser o\u00eddo, a ofrecer y producir prueba y a una decisi\u00f3n fundada del art\u00edculo 1\u00ba, inciso f), de la ley 19.549; el r\u00e9gimen de vistas; las reglas sobre notificaciones; los requisitos esenciales del acto administrativo del art\u00edculo 7\u00ba; el sistema de nulidades; el r\u00e9gimen recursivo.<\/p>\n\n\n\n

En su lugar, el legislador remiti\u00f3 supletoriamente al C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n, con la salvedad de la compatibilidad. La remisi\u00f3n tiene una l\u00f3gica hist\u00f3rica \u2014la ley 22.262 estructur\u00f3 un r\u00e9gimen de sanciones penales y la cultura procedimental de la autoridad se form\u00f3 en ese molde\u2014 y una l\u00f3gica garantista: el est\u00e1ndar penal es m\u00e1s protectorio del imputado que el administrativo. Pero es una remisi\u00f3n de encaje dif\u00edcil. El CPPN est\u00e1 dise\u00f1ado para un proceso penal con juez, fiscal y defensa, no para un procedimiento administrativo tramitado ante secretar\u00edas instructoras y resuelto por un \u00f3rgano colegiado; no contempla las particularidades del control de concentraciones, que no es sancionador sino autorizatorio y prospectivo; no ofrece herramientas para el tratamiento de la informaci\u00f3n comercial confidencial; y no dice nada sobre la articulaci\u00f3n entre instrucci\u00f3n y decisi\u00f3n dentro de una misma persona jur\u00eddica p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

El resultado es un espacio normativo que ninguna de las dos fuentes cubre: demasiado administrativo para el CPPN, expresamente excluido de la ley 19.549. Ese espacio no queda vac\u00edo en los hechos \u2014los expedientes tramitan igual\u2014, pero se llena con pr\u00e1ctica no escrita, criterios variables y decisiones caso por caso. Es exactamente la situaci\u00f3n que el debido proceso pretende evitar.<\/p>\n\n\n\n

De all\u00ed que sostengamos que, bajo la ley 27.442, el reglamento interno de procedimiento cumple una funci\u00f3n que en otros reg\u00edmenes desempe\u00f1a la legislaci\u00f3n general. No completa el sistema al margen: lo cierra. Y una autoridad que no dicta la norma que cierra su propio sistema procesal traslada al \u00f3rgano judicial revisor \u2014la Sala Especializada en Defensa de la Competencia\u2014 la tarea de definir, caso por caso y de manera necesariamente fragmentaria, cu\u00e1l era el procedimiento debido. Esa no es una divisi\u00f3n del trabajo sana ni previsible para nadie.<\/p>\n\n\n\n

III.2. Las delegaciones expresas: un mandato, no una facultad discrecional<\/h4>\n\n\n\n

Debe subrayarse que esta conclusi\u00f3n no es una construcci\u00f3n doctrinaria sobre el silencio de la ley. Es, por el contrario, lo que la ley 27.442 dispone en forma reiterada y expl\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 28, inciso k), enumera entre las funciones y facultades del Tribunal de Defensa de la Competencia la de elaborar su reglamento interno. No se trata de una autorizaci\u00f3n facultativa entre otras: figura en el cat\u00e1logo de competencias del \u00f3rgano decisor junto a la imposici\u00f3n de sanciones y la resoluci\u00f3n de concentraciones, y su ejercicio condiciona el de todas las dem\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

A ello se suman delegaciones espec\u00edficas que recorren todo el articulado:<\/p>\n\n\n\n