La Comisión Europea revalidó el 15 de enero pasado el estatus de la República Argentina, y otros 10 países, como país adecuado para el libre flujo transfronterizo de datos personales.

Por Marie Olivier de Sanderval

La Comisión Europea revalidó el 15 de enero pasado el estatus de la República Argentina, y otros 10 países[1], como país adecuado para el libre flujo transfronterizo de datos personales. La decisión, inicialmente adoptada bajo la legislación de la UE anterior al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)[2], confirma que los datos personales transferidos desde la Unión Europea hacia Argentina continúan beneficiándose de garantías adecuadas en materia de protección de datos.

La Comisión Europea, en su informe al Parlamento Europeo y al Consejo[3], elogia la evolución del marco jurídico argentino desde la adopción de la decisión de adecuación, incluyendo las modificaciones legislativas, la jurisprudencia y las actividades de los organismos de supervisión, que han contribuido a elevar el nivel de protección de datos.

La Comisión destaca el papel fundamental de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) en este proceso. Se observa que la independencia de la autoridad argentina de control de protección de datos se ha fortalecido considerablemente mediante la adopción del decreto nº 746/17, que confiere a la AAIP la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la legislación de protección de datos. Además, la Comisión observa que la AAIP ha emitido varios reglamentos y opiniones vinculantes con el objetivo de precisar la interpretación y aplicación práctica del marco de protección de datos, contribuyendo así a la actualización de la legislación de protección de datos.

La evaluación también reconoce que Argentina ha fortalecido sus compromisos internacionales en materia de protección de datos al adherirse, en 2019, al Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos personales y a su protocolo adicional, y al ratificar, en 2023, el protocolo de enmienda que establece la Convención 108+ modernizada.

Asimismo, el informe de la Comisión Europea resalta la claridad y accesibilidad de las normas que rigen el acceso de las autoridades públicas a los datos personales, asegurando que estos pueden ser utilizados únicamente para fines de interés público.

La Comisión concluye que Argentina continúa garantizando un nivel adecuado de protección de datos personales transferidos desde la UE.

Al mismo tiempo, la Comisión recomienda incorporar en la legislación las protecciones que se han desarrollado a nivel infralegal con el fin de fortalecer la seguridad jurídica y consolidar estos requisitos. La Comisión considera que el proyecto de ley sobre protección de datos, recientemente presentado en el Congreso, podría ofrecer la oportunidad de codificar estas evoluciones y fortalecer aún más el marco argentino en materia de privacidad.

La Comisión seguirá monitoreando la evolución de la situación en Argentina[4].